POR TU ESTABILIDAD COMO EMPLEADO PÚBLICO

A los funcionarios públicos, o los estatutarios, interinos, eventuales o temporales al servicio de cualquier Administración Pública, y cualquiera que sea el sector (Sanidad, Educación, Justicia, etc.) al que esté adscrito.

La iniciativa persigue conseguir la igualdad de trato y no discriminación en todas las condiciones de trabajo con los funcionarios de carrera y acabar con la precariedad en el empleo de los empleados públicos temporales e interinos, como sanción al abuso en la relación temporal sucesiva.

Solo los funcionarios públicos interinos o temporales de larga duración que hayan sido contratados temporalmente no para realizar una sustitución temporal, esporádica y coyuntural, sino para atender necesidades ordinarias de personal de la Administración que los nombra, y que hayan prestado servicios un mínimo de 24 meses dentro de los 30 últimos, o tres años de interinidad de forma continuada en una plaza vacante.

Sí, los empleados públicos en régimen laboral pueden acogerse a esta iniciativa, para obtener fijeza en el empleo, pues entendemos que la situación de empleo indefinido no fijo no es compatible con la Directiva Comunitaria.

Nuestras pretensiones son tres:

• La principal, estabilidad en el empleo como sanción al abuso en la relación temporal sucesiva, mediante su reconocimiento como empleado público fijo o de carrera, o asimilado, con la misma inamovilidad que estos últimos.
• Otra, que se supriman todas las discriminaciones en las condiciones de trabajo respecto de los funcionarios fijos o de carrera, no solo en materia retributiva, sino también en nombramientos, protección social, promoción profesional, provisión de vacantes, formación profesional, situaciones administrativas, licencias y permisos, o derechos pasivos.
• Y la tercera, que se permita participar a los funcionarios públicos temporales interinos o eventuales en los concursos para la provisión de vacantes, así como en la promoción profesional y en la carrera administrativa.

Al no existir respuesta en el ámbito interno, la solución hay que buscarla en la Normativa Comunitaria, que a propósito del trabajo temporal prohíbe y sanciona toda discriminación en las condiciones de trabajo y el abuso en la relación temporal sucesiva.

El derecho comunitario prevalece sobre el derecho español, hasta el punto de que los órganos administrativos y jurisdiccionales españoles tienen la obligación de resolver conforme a la Normativa Comunitaria, aunque tales pronunciamientos sean contrarios a lo que dispongan las Leyes nacionales españolas.

Primero se interpondrá una reclamación previa ante el órgano administrativo que tenga la competencia, para posteriormente interponer recurso contencioso administrativo ante el órgano judicial competente.

Desde que se inician las acciones con la interposición de  la reclamación previa hasta que se obtiene sentencia por los tribunales estamos hablando de un periodo de tiempo que puede ir desde un año y medio, hasta  tres años aproximadamente dependiendo de la carga del órgano judicial que sea competente para resolver. 

Si la sentencia es desfavorable, se interpondrían lo recursos pertinentes

Estos tiempos se podrían  acortar si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como ya ha hecho,  pronuncia  alguna sentencia que resuelva casos similares.

Se contempla un máximo de dos anualidades por procedimiento, el tiempo posterior estaría exento del pago de honorarios si se prolonga en el tiempo.

Además de solicitar a los órganos jurisdiccionales nacionales que planten cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, hemos  presentado denuncias en nombre de diferentes colectivos, (sanidad, justicia, educación…), ante la Comisión Europea contra las actuaciones que en España desarrollan las Administraciones Públicas en cuanto vulneran la Normativa Comunitaria al discriminar a los empleados públicos temporales, interinos y eventuales, y abusar de la relación temporal sucesiva en régimen de precariedad en el empleo.

Se estudiarán otras denuncias colectivas ante la Comisión Europea.

Sí. La Comisión Europea ha iniciado diversos procedimientos de investigación e infracción contra el Reino de España, a raíz de las denuncias que hemos presentado en representación de distintos colectivos de interinos, al entender la Comisión Europea que existen indicios de que las Administraciones españolas incumplen la normativa comunitaria,  al discriminar a los funcionarios interinos denunciantes y abusar de su relación temporal sucesiva, sin reconocerles estabilidad en el empleo público.

Además el Tribual de Justicia de la Unión Europea ha dictado diversas sentencias en las que declara que el régimen que se aplica en España es incompatible con la normativa comunitaria.

Sí, en la cuantía están incluidos los honorarios del procurador y en su caso las tasas judiciales.

Con independencia que se expongan las situaciones personales de cada uno de los demandantes, en las reclamaciones y demandas ante los Órganos jurisdiccionales españoles los interesados irán en grupos de al menos 3 personas.

Efectivamente está incluido, así como el de tasas judiciales. Todo esto queda contemplado en la Hoja de Encargo que te haremos llegar para que firmes con todas las condiciones relativas al procedimiento de fijeza. En estos honorarios se incluye el pago de procuradores y abogados, desplazamientos, tasas judiciales, interposición de recursos. Queda excluido, sin embargo, el coste de la realización del Poder notarial y la condena en costas de producirse. No obstante, en caso de que exista una condena en costas en los tribunales, el hecho de tratar de agrupar a distintos demandantes en una misma demanda determinaría que las costas se dividirían entre todos los integrantes del grupo, resultando así una cantidad asumible.